El Gobierno de Castilla La Mancha aprueba la creación de un Registro de Grupos de Interés

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El Gobierno de Castilla La Mancha aprueba la creación de un Registro de Grupos de Interés

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El Gobierno de Castilla La Mancha anunció el pasado 7 de septiembre que ha dado luz verde al proyecto de Ley de Transparencia y Buen Gobierno de Castilla La Mancha en la que se lleva trabajando desde que la presentación de su propuesta en octubre de 2015. Ahora, tras la aprobación del ejecutivo, el texto se remitirá para su análisis y debate a las Cortes de Castilla La Mancha.

El texto aprobado contempla las definiciones y normas sobre transparencia, buen gobierno, gobierno abierto, buena administración, publicidad pública y los derechos y deberes de los ciudadanos y funcionarios en cuanto a la información que debe ser pública. Bajo estos términos tiene la intención de controlar a los grupos de interés, publicar los contratos públicos, registrar los gastos públicos o la cantidad de coches oficiales, entre otras cuestiones.

Como se detalla en la normativa, los objetivos principales de esta ley son “regular e impulsar: la transparencia de la actividad pública, el derecho de las personas a la información y documentos públicos, los principios básicos para la implementación de un código de buen gobierno y un régimen de garantías y responsabilidad para quienes incumplan las normas”.

La Ley dedica el Capítulo IV a los Grupos de Interés o lobbies, entendidos como las organizaciones o personas que se dedican de forma profesional a influir de forma directa o indirecta en los procesos de elaboración de políticas, su aplicación o en la toma de decisiones en la Administración.

Para regular su actividad, el texto detalla la creación de un Registro de Grupos de Interés en el que deben anotarse las personas, organizaciones y plataformas que realicen lobby en Castilla La Mancha, excluyendo a las personas contratadas para tareas de asesoramiento jurídico o profesional. Formar parte del Registro conllevará aceptar el código de conducta establecido y comprometerse a que toda la información ofrecida sea pública.

Los lobistas que no cumplan estos requisitos serán sancionados con multas económicas e incluso la expulsión del Registro.

Castilla La Mancha se suma a Cataluña, Madrid o Aragón, en el grupo de comunidades autónomas que ya han establecido una legislación para la regulación del lobby.

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