de 20 minutos.es. Con ‘partidos pirata’ en 17 países más uno de carácter internacional, España se convierte en el décimo octavo país que cuenta con su propio ‘Partido Pirata’. Acceso libre y gratuito a Internet y acabar con las patentes de software son algunas de sus reivindicaciones. El primer ‘Partido Pirata’ se registró en Suecia. A él le siguieron partidos con el mismo nombre en EE UU y Francia.

A ellos se unieron también ‘partidos piratas’ denominados de diferentes formas en Bélgica, Australia, italia, Austria, Alemania, reino Unido, Canadá, Países Bajos, Nueva Zelanda, Polonia, Rusia, Suiza, Brasil y Sudáfrica. Los objetivos eran prácticamente los mismos, aunque cada uno introducía los matices correspondientes de su país dependiendo de la legislación existente.

Desde el pasado 22 de marzo, también España cuenta con su propio Partido Pirata. Incluidos en el registro de partidos políticos del Ministerio de Interior, se definen como «un grupo de personas con una preocupación especial por los problemas relacionados con las nuevas tecnologías». Con 324 miembros por el momento, desde su página web se indica que cuando se haya cumplido con los trámites pendientes comenzará el proceso de afiliación.

El ‘Partido Pirata’ español divide su programa en tres grandes grupos (derechos y libertades de los ciudadanos, accesibilidad a la cultura y contra las patentes de software) y aboga por lo siguiente:

– Internet como servicio básico, libre, público y democrático de uso universal.
– Neutralidad de la red.
– Las ideas, el conocimiento y la información son por naturaleza propiedades no exclusivas y su valor común cae dentro de su capacidad inherente para ser compartidas y difundidas.
– Una Ley de Propiedad Intelectual justa y equilibrada.
– Supresión de cánones sobre internet y los soportes vírgenes.
– Contra de las patentes de software.
– Contra los monopolios privados.
– Contra los sistemas de censura y prohibición digital de copia, lectura, modificación y distribución.
– El uso de software, documentación y formatos estándares libres y no privativos en la administración y el sector público de software.