El nuevo código, del que ya hablamos en julio, debe recibir el visto bueno del Parlamento Europeo el próximo 1 de diciembre y entraría en vigor el 1 de enero de 2012. Además,  se plantea como un documento abierto al que se pueden seguir incorporando normas y sanciones en el futuro.

Al mismo tiempo, en Bruselas se están discutiendo las nuevas normas de acceso al Parlamento Europeo. Además de incorporar nuevas medidas de seguridad, el Parlamento introducirá próximamente nuevas normas para regular la relación de los profesionales del lobby con los europarlamentarios y agilizar el proceso de acreditación dentro del marco establecido por el Registro de Transparencia.

Por último, Dinamarca prepara la puesta en marcha de un registro de lobbistas. Se une así a la lista de países que ya cuentan con mecanismos similares o que han declarado su intención de aprobarlos próximamente. En España, la nueva legislatura puede ser clave para la normalización de la actividad de lobbying, todavía no regulada.

A continuación puedes ver el artículo completo:

En busca de la transparencia institucional y política

M.G. Mayo

Es una de las principales demandas del movimiento 15M. Y una de las pocas que ha recibido respuesta política. La transparencia institucional está en pleno proceso de cambio.

Lo cierto es que la ley de Transparencia hasta ahora ha sido como un proyecto fantasma, que aparecía en los programas electorales de los principales partidos pero que no se materializaba a lo largo de las legislaturas. Conocer la lista de espera de un hospital o lo que gana según qué cargo público, es casi imposible.

Hace unos días, el candidato del PSOE a la presidencia, Alfredo Pérez Rubalcaba, que la propuesta sería remitida al Parlamento en pocas semanas, tras que el pleno del Congreso reclamara que se presentara antes de agosto.

Los expertos, al igual que los ‘indignados’, critican la falta de regulación en este ámbito. “En España se están haciendo avances en materia de transparencia, si bien queda mucho camino por andar. La confianza es un factor fundamental para que se desarrolle la transparencia en las instituciones y España sigue siendo un país desconfiado, incluida la desconfianza entre las personas”, indica Santos Ortega, director de Asuntos Públicos de MAS Consulting España.

Manuel Villoria, catedrático de Ciencia Política de la Universidad Rey juan Carlos de Madrid es más tajante: “Necesitamos una Ley de Acceso a la Información que regule el derecho constitucional del acceso a la información existente en la Administración. Los ciudadanos ahora tenemos múltiples impedimentos para acceder a datos públicos, sobre todo cuando los datos que solicitamos no son de procedimientos finalizados o de procedimientos abiertos que nos afecten directamente”.

Como ejemplo, hablan de los países escandinavos. Villoria, en concreto, señala que en Suecia esta tradición en pro de la transparencia institucional y política empieza en el siglo XVIII. “Dan información sobre posibles decisiones futuras, ponen los anteproyectos de ley en internet para información y sugerencias públicas”, explica.

Ortega, por su parte, cree que el tirón en el uso de las nuevas tecnologías en España también puede ser clave a la hora de impulsar la transparencia. También apunta al movimiento ciudadano como un detonante. “El Congreso de los Diputados ha aprobado por unanimidad estudiar algunas de las propuestas que recogen estos movimientos, aunque desde otros ámbitos ya se demandaban”, indica. Y va más allá: “El lobbying indirecto, también conocido como grassroots lobbying, aquel que va dirigido a movilizar a la opinión pública es tan importante como el contacto institucional directo y es algo que el entorno empresarial español debe tener más en cuenta, además de contar con los profesionales adecuados para llevarlo a cabo”.

Europa pisa el acelerador

En el ámbito europeo la transparencia también está acelerando su paso. En concreto, la Comisión y el Parlamento han lanzado la creación de un registro conjunto para grupos de interés. A través de él, los ciudadanos tendrán acceso a las personas y organizaciones que están en contacto con los organismos comunitarios. “El registro es voluntario y ya hay más de 4.000 organizaciones registradas”, indica Ortega, cuya consultora forma parte del registro.

Además, se está creando un código de conducta de los eurodiputados. Villoria, no obstante, es un poco escéptico en este campo: “Servirá solo para los convencido, salvo que se establezca un sistema de control de su cumplimiento y sanciones ejemplares en caso de transgresión”. En el caso de los registros, también se muestra crítico: “Son un instrumento que no sirven para nada si no se regula el proceso de control del contenido de las declaraciones”.

En 2005, la Comisión Europea ponía en marcha la Iniciativa Europea en favor de la Tansparencia y un año más tarde se presentaba su Libro Verde, que recogía la posibilidad de establecer un registro de grupos de interés. En 2008, esta propuesta se convertía en realidad con la puesta en marcha del Registro de Grupos de Interés de la Comisión Europea, en el que ya hay más de 3.750 grupos de interés registrados.

El próximo 23 de junio se abre una nueva fase, pues entrará en funcionamiento el registro conjunto para los lobbies y otros grupos de interés que quieran acceder a la Eurocámara (que ya disponía de un registro de entrada desde 1996) o a la Comisión Europea. El Parlamento Europeo había pedido la creación de este registro único en una resolución de 2008. Entre las novedades se encuentran las siguientes:

- Los ciudadanos podrán encontrar en un mismo lugar toda la información sobre las personas y organizaciones que están en contacto con las instituciones de la UE.

- Se modifica la mención a los “lobbies” por la de “grupos de interés”, lo cual facilitará que organizaciones no comerciales se inscriban.

- El registro continúa siendo no obligatorio. Sin embargo, sí que deberán registrarse todos aquellos que quieran acceder al Parlamento.

- Próximamente se incorporará la “huella legislativa”: un anexo que acompañará a los informes redactados por los diputados, y en el que deberán figurar en una lista todos los grupos de interés con los que los ponentes se reunieron durante la redacción de sus informes.

Este nuevo registro no supone el fin del camino hacia la transparencia. Todavía quedan muchas cuestiones por debatir y resolver: la obligatoriedad o no del registro, las normas de acceso a los miembros del parlamento, las sanciones etc. Todos ellos son temas que las organizaciones de agencias y profesionales de los asuntos públicos como la EPACA, a la que pertenece MAS Consulting España, o SEAP están discutiendo junto a los legisladores europeos.

Igualmente, las buenas prácticas se irán consolidando a medida que el sector se profesionalice. El Postgrado de Dirección de Asuntos Públicos, el primer postgrado especializado en lobbying de España, nació con este objetivo. El año pasado celebramos su primera edición, y próximamente anunciaremos en nuestra web las fechas y las novedades de la segunda.

Bajo ese espíritu de responsabilidad, las fundaciones entienden que ofrecen una aportación vital en tiempos de crisis, en los que los gobiernos a menudo no son capaces de cubrir las necesidades de la sociedad. Ante este nuevo reto, las fundaciones han optado por modernizarse y una de sus prioridades ha pasado por garantizar la transparencia a través de un acuerdo de buenas prácticas.

El camino de la profesionalización, la modernización y el establecimiento de unos altos estándares deontológicos forman parte de la tendencia del Tercer Sector, que poco a poco va adquiriendo un mayor protagonismo en la vida pública.

Durante el Postgrado de Dirección de Asuntos Públicos se abordará el rol de estos actores sociales de la mano de ponentes como Mar Asunción, Responsable de Cambio Climático de WWF, Carlos Mulas, Director General de la Fundación Ideas o Manuel Villoria, Catedrático de Ciencia Política y Presidente de Transparencia Internacional.

Santos Ortega es Director de Asuntos Públicos de MAS Consulting España, la firma española de asuntos públicos más premiada a nivel internacional. Ortega ha sido galardonado recientemente con el premio Rising Star 2010 de la revista Campaigns & Elections.

En la película Thank You For Smoking, dirigida por Jason Reitman en 2005, los portavoces de la industria del tabaco, las bebidas alcohólicas y el sector armamentístico de Estados Unidos se reúnen cada semana en un exclusivo y discreto restaurante para intercambiar impresiones. Estos tres lobbistas, interpretados por Aaron Eckhart, Maria Bello y David Koechner respectivamente, se hacen llamar “El escuadrón oculto MDM (mercaderes de la muerte)” debido a la mala fama de las industrias que representan, motivo de vergüenza incluso para sus propias familias.

Resulta sintomático la selección de industrias que hace esta entretenida película, ya que son de las más impopulares entre la opinión pública. Sin duda, esta selección ayuda que el film tenga un mayor tirón comercial pero ofrece, una vez más, una visión distorsionada del lobbying. A pesar del tono satírico e hiperbólico de la película, la imagen que una buena parte –acaso la mayoría- de la opinión pública de los países occidentales tiene del lobbying y sus profesionales no se aleja mucho de la que se nos presenta en Thank You For Smoking.

En Europa y países como España esta percepción negativa está, si cabe, aún más extendida, debido a la escasa tradición en el ámbito de los asuntos públicos, que hasta hace poco se identificaban más con el tráfico de influencias que con una actividad legítima. Una percepción que quedó clara, por poner un ejemplo, en la cobertura que los medios europeos hicieron de la reforma sanitaria en Estados Unidos, presentando a los grupos de presión como verdaderos demonios que impedían el avance en el proceso legislativo a través de agresivas campañas. Que los lobbies jugaron un relevante papel en este proceso es innegable -ya en noviembre de 2009 defensores y detractores de la reforma se habían gastado más de 396 millones de dólares intentando convencer a la clase política, según una estimación de CNN Money-. Pero los periodistas hablaban de “grupos de presión”, y se referían a ellos con sinónimos como “poder en la sombra” sin aportar datos ni pruebas, otorgándoles automáticamente el rol del villano de la película, el mismo que interpretaban los tres maquiavélicos personajes mencionados en Thank You For Smoking. Olvidaban que buena parte de la presión procedía de la sociedad civil, organizada a través de plataformas como MoveOn o The 60 plus Association.

Aún así, no todo son malas noticias para los profesionales de los asuntos públicos. Desde hace ya varios años parece que algo está cambiando en el lobbying. Se trata de un proceso que se está desarrollando paso a paso, sin prisa pero sin pausa, en diferentes escenarios y que apunta en dos direcciones fundamentales: por un lado, hacia una mayor regulación y transparencia del lobbying y las relaciones institucionales, lo cual contribuirá a una mayor legitimidad y, esperemos, aceptación de la actividad. Por otro, hacia la profesionalización del lobbying, una actividad cada vez más extendida con un empuje que parece imparable; no sólo en Washington, capital de los asuntos públicos por excelencia, sino también en Latinoamérica y Europa.

En busca de una mayor transparencia

La primera década del siglo XXI ha sido muy fructífera en lo que a la regulación del lobbying se refiere. Incluso en Estados Unidos, donde los primeros ejemplos de esta actividad se remontan al siglo XIX, hemos asistido a un proceso de re-regulación de la misma. El ejemplo más inmediato es la aprobación durante el mandato de George W. Bush de la llamada Honest Leadership and Open Government Act en 2007 -diseñada para complementar a la Lobbying Discolure Act del año 1995-, que introdujo nuevos requisitos para garantizar la transparencia en torno a los grupos de interés y restringir lo que se conoce como revolving door (el tránsito de ex-empleados del sector público al sector privado, generalmente a aquellas empresas con las que se relacionó en su etapa como funcionario, para practicar el lobbying).

En Europa asistimos actualmente a un proceso de regulación apasionante que pretende situar al continente al mismo nivel que Estados Unidos. En 2005 la Comisión Europea órgano ejecutivo dentro de la compleja organización institucional de la Unión Europea- puso en marcha la Iniciativa Europea en favor de la Transparencia, nacida del deseo de garantizar “un elevado nivel de transparencia”, en la creencia de que “la Unión debe someterse al control público y rendir cuentas de sus actividades”.

Un año más tarde, se presentó el Libro Verde de la Iniciativa Europea en favor de la Transparencia, documento destinado a canalizar y promover el debate en el que se recogían algunas recomendaciones, entre las que se encontraba la de “establecer un marco más estructurado para las actividades de los grupos de interés”, también denominados grupos de presión. El objetivo final es, básicamente, que el público esté informado de la aportación de los grupos de presión en las instituciones europeas: a quién representan, cuál es su misión y cómo se financian.

El Libro Verde recogía la posibilidad de establecer un registro de grupos de interés, que en 2008 se convirtió en una realidad. Actualmente, ya hay cerca de 2.800 grupos de interés dados de alta en este registro de carácter voluntario, en el que figura una cifra orientativa del volumen de negocio de cada uno de ellos, así como sus áreas de actuación preferentes. Entre dichos grupos hay consultoras, sindicatos, asociaciones profesionales, ONGs, etc., que con su adhesión al registro se comprometen a respetar un Código de Conducta elaborado por la Comisión.

Tras un proceso de análisis de los resultados obtenidos desde su apertura, la Comisión y el Parlamento Europeo han retomado recientemente el trabajo con el objetivo de introducir mejoras en registro, referidas a cuestiones técnicas y administrativas, como los mecanismos de quejas y sanciones. Además, algunas voces abogan por la obligatoriedad de registrarse, pero no parece que esta medida vaya a implantarse, al menos de momento. Una asignatura pendiente sigue siendo el rol de los bufetes de abogados, que se acogen al principio de confidencialidad para evitar este registro. Otro grupo al que la Comisión ve una operatividad de lobbista es a los think-tanks, mientras que este colectivo sólo se considera como un “banco de ideas”.

El proceso seguido en la UE, todavía en marcha, no es más que la versión a gran escala de otras regulaciones aprobadas por los estados de forma unilateral con el objetivo de regular el lobbying en sus instituciones. Desde el año 2000, varios estados han aprobado un marco normativo específico para la actividad de los grupos de interés –Israel, Perú, Taiwan, Polonia y Francia entre ellos-. Y en muchos otros, la regulación del sector está próxima. Es el caso de España y los países del entorno mediterráneo, los profesionales de los asuntos públicos estamos abogando por una mayor transparencia y un registro similar al de las instituciones europeas. El escenario ideal sería la obtención de acreditaciones para el acceso a las cámaras legislativas, igual que se hace con los periodistas parlamentarios desde hace años.

La profesionalización del lobbying

Hablábamos al comienzo de este artículo del auge del lobbying en los sistemas democráticos actuales. Pues bien, basta echar un vistazo a algunas de las cifras de las que se dispone para confirmar esta realidad. De acuerdo con las estadísticas de OpenSecrets.org, el gasto total en actividades de lobbying en Estados Unidos ha pasado de los 1.440 millones del año 1998 a los 3.490 millones en el año 2009. Podría pensarse que esta última cifra resulta poco orientativa por referirse al período de negociación y aprobación de la reforma sanitaria, pero si se observa la evolución del gasto en los últimos diez años, se aprecia que ésta ha sido siempre creciente. El número de lobbistas también ha aumentado: de 10.403 en 1998 a 13.754 el año pasado (siempre de acuerdo con los métodos y criterios de cálculo de esta página web).

En Europa la situación no es muy distinta. Se calcula que hay más de 3.000 grupos de interés con una presencia activa en Bruselas, a los que habría que añadir las cerca de 300 compañías con departamentos de asuntos públicos y las consultoras y gabinetes de abogados que prestan este tipo de servicios. En total, el lobbying da empleo a unos 12.000 profesionales.

Pero estas cifras por sí solas no significan nada. Lo verdaderamente destacable es el nuevo estatus que está adquiriendo el lobbying, en pleno proceso de profesionalización. En Estados Unidos, por su larga tradición, el debate acerca de la legalidad y legitimidad de los lobbies hace tiempo que se cerró, pero este debate ha permanecido abierto en Europa hasta hace bien poco. La Iniciativa Europea a favor de la Transparencia le puso fin reconociendo la actividad de los grupos de interés como “una actividad legítima en un sistema democrático, independientemente de si la realizan ciudadanos o empresas, organizaciones de la sociedad civil y otros grupos de interés o empresas que trabajan para terceros”. Por lo tanto la cuestión ya no es si se debe o no legalizar el lobbying. La cuestión es cómo normalizar una actividad legal y legítima. No hay marcha atrás en esta cuestión.

Desde MAS Consulting España consideramos esencial la labor formativa para la normalización y profesionalización del sector, especialmente para aquellos países con menos influencia de la cultura anglosajona. Resulta paradójico que en todas las escuelas de negocios y universidades americanas haya un apartado para asignaturas como Government Affairs y en países como España apenas si se incluye en los temarios bajo el nombre de Relaciones Institucionales, un modo reduccionista de tratar esta actividad. Por ello, nos hemos animado a poner en marcha de cara al año 2011 el primer postgrado de lobbying en España.

El lobbying del siglo XXI, al servicio de los ciudadanos

El principal problema al que se enfrenta el lobbying hoy en día consiste en el desajuste entre identidad e imagen, tan frecuente en los procesos comunicativos y tan difícil de resolver. Por un lado, tenemos a los profesionales del sector, que en su amplia mayoría desean desarrollar su actividad, una actividad legítima y, subrayémoslo, necesaria, de forma transparente (suelen ser ellos mismos los que piden una mayor regulación) y rigurosa. En el extremo opuesto tenemos la imagen que el público tiene de esa profesión, que no se acerca en lo más mínimo a la imagen que los primeros desean proyectar, en buena parte debido a la óptica distorsionadora de los medios de comunicación. Bastaría con que éstos poseyeran un mayor nivel de conocimiento de la actividad para que este tratamiento negativo cambiase. Si supieran e informasen de las actividades de lobbying para el fomento de las energías renovables o las de las ONGs para tener un mejor tratamiento fiscal, esa demonización desaparecería.

Sin duda, los avances en la regulación y normalización del lobbying contribuirán a mejorar su imagen entre los ciudadanos. Pero la otra mitad del trabajo le corresponde al propio sector, no sólo a través de la autorregulación, sino haciendo lobbying del lobbying. En MAS Consulting España estamos convencidos de que la mejor forma de conseguir que el lobby adquiera legitimidad entre la opinión pública es haciendo que los ciudadanos comprueben que ésta no es una herramienta al servicio de “poderosas y oscuras” corporaciones, sino que es un recurso al que ellos mismos pueden recurrir, contribuyendo al desarrollo de una democracia más participativa.

Dos circunstancias contribuirán previsiblemente al acercamiento del lobbying y los ciudadanos en los próximos años:

• La Iniciativa Legislativa Popular: se trata de una forma de participación ya presente en muchos países que adquiere una nueva dimensión ante las posibilidades de comunicación y organización ofrecidas por Internet. Recoger un millón de firmas en apoyo de una determinada causa es mucho más fácil ahora que hace cinco, o incluso dos años. Un millón es precisamente el número de firmas que establece el Tratado de Lisboa, ratificado en 2007 por la Unión Europea en sustitución del fracaso proyecto constitucional, para que la Comisión presente una propuesta ciudadana en el seno de la Unión. Se abre así la puerta a una mayor participación de los ciudadanos en la política transnacional, avance realmente sustancial si se piensa en la relativa facilidad con la que se pueden recaudar un millón de firmas entre una población de más quinientos millones de habitantes.

• La segunda circunstancia no se limita al ámbito europeo. Consiste en las ya mencionadas posibilidades que ofrece Internet, la web 2.0. en particular, para reunir y movilizar a grupos con intereses comunes en la defensa de las más diversas causas. Organizaciones como Amnistía Internacional o Greenpeace hace tiempo que descubrieron las virtudes de la comunicación online. Y, como ellas, cualquier ciudadano, organización o institución tiene ahora al alcance de su mano la posibilidad de crear poderosas redes de conversación, debate y presión; los ciudadanos han de comprender que ellos mismos pueden convertirse en lobbistas. Sólo así dejarán de pensar en los lobbies como grupos de manipulación masiva ajenos a las leyes de la democracia y la representación política.

Pese a la progresiva desaparición de las ideologías de izquierda y derecha en buena parte de los países occidentales –con gobiernos de izquierdas que aprueban medidas de recorte del gasto social y partidos de derechas que fomentan la subida de impuestos- persisten un buen número de cuestiones de identidad (en torno a la sexualidad, la religión, el aborto, los derechos sociales etc.) que en los próximos años seguirán marcando la agenda política de las democracias. Los ciudadanos tienen mucho que decir en todas estas cuestiones, con lo que es previsible que con las nuevas formas de comunicación y participación se animen a tratar de influir en el proceso de toma de decisiones.

Es en este último punto donde las agencias de asuntos públicos y consultores políticos pueden marcar la diferencia con respecto a los bufetes de abogados y lobbistas tradicionales. La batalla no se libra sólo en el despacho de un político o en una reunión en el Parlamento; las batallas se libran, más que nunca, en la opinión pública, en las mentes de los ciudadanos, con lo que será necesario potenciar el aspecto comunicativo del lobbying. Por eso, lo idóneo es una acción conjunta entre la actividad de despacho y la presión mediática que haga ver al político que el tema tratado en su despacho también está en la agenda de los medios de comunicación. En este escenario, el know-how de los consultores políticos, acostumbrados a movilizar y motivar a los ciudadanos en procesos electorales, es de de gran utilidad.

Nos encontramos así ante un momento decisivo para los profesionales de los asuntos públicos y la consultoría política. Nuestra pericia a la hora de convencer a los ciudadanos de que el lobbying, más que una posibilidad, es una necesidad para el desarrollo de la participación democrática, determinará el futuro de esta disciplina.

El siglo XXI será el siglo del lobbying. La gran diferencia con épocas pasadas es que ese vestíbulo, ese lobby, se ampliará, tendrá más recovecos, y dará cabida a todo tipo de organizaciones que quieran que sus puntos de vista se tengan en consideración en la toma de decisiones.

La Comisión Europea quiere permitir que los ciudadanos sepan qué intereses generales o específicos infuyen en la toma de decisiones de las instituciones europeas, y los recursos movilizados para estos fines. Las entidades que se registren tendrán la oportunidad de demostrar su compromiso con la transparencia y la plena legitimidad de sus actividades.

El Mundo recoge la información de la Comisión Europea que anuncia la cifra de 3.000 entidades inscritas en la iniciativa europea por la transparencia. Las últimas de ellas provenientes de compañías, asociaciones sectoriales, ONG’s, consultoras, think tanks e instituciones académicas.

Escalera principal del Parlamento Europeo. Foto: El Mundo

MAS Consulting España forma parte del registro de grupos de interés desde principios de 2010. Como contábamos en una entrada de febrero:

“El Registro de grupos de interés permitirá a cualquier ciudadano consultar cuáles son las empresas que trabajan en el ámbito de los asuntos públicos, cuáles son sus áreas de negocio y quiénes son sus clientes, entre otros datos. Además de ofrecer esa información, las empresas que ingresan firman un código de conducta a través del cual se comprometen a trabajar dentro de los principios de apertura, transparencia, honestidad e integridad.”

El informe, escrito por soldados y oficiales sobre la actuación del ejército estadounidense en Afganistán entre 2004 y 2010, fue publicado por Wikileaks el 25 de julio. El editorial del New York Times de esa fecha explica cómo Wikileaks se lo hizo llegar a los medios antes de hacerlo público:

“Los artículos hoy publicados están basados en miles de informes de inteligencia de los Estados Unidos: informes sobre enfrentamientos, errores, información sobre actividad enemiga y otros acontecimientos sobre la guerra en Afganistán, que se hicieron públicos el domingo en Internet. El New York Times, el periódico The Guardian y la revista alemana Der Spiegel recibieron este material hace semanas.

(…)

Wikileaks no reveló de dónde había obtenido el material. Wikileaks no estuvo implicado en la investigación, elaboración de informes, análisis y redacción de los medios. El New York Times ha estado cerca de un mes navegando por la información en busca de patrones, verificando y contrastando con otras fuentes de información, y preparando los artículos que se publican hoy. Los tres medios mencionados acordaron publicar sus artículos simultáneamente, pero cada uno ha preparado sus propios artículos.”

Wikileaks es una organización internacional, localizada en ningún punto en particular. La filtración  es un reto a los límites actuales de la comunicación gubernamental. Podría decirse que lleva el Open Government al extremo, ya que esta tendencia aboga por hacer públicos los datos que genere la actividad financiada estatalmente. El incidente de la filtración coloca el énfasis ahora en los límites de la transparencia. Mientras que parece haber consenso sobre la necesidad de una comunicación más fluida y abierta por parte de los gobiernos y las administraciones, Wikileaks se ha puesto en el otro extremo de la cancha, y obliga a administraciones y periodistas a replantearse este nuevo escenario.

Ignacio Peyró publicaba el pasado 11 de abril en la revista Época un resumen del estado de la cuestión del lobbying en España: Lobbies con luz y taquígrafos. Reproducimos fragmentos de su artículo, para el que contó con la opinión de Daniel Ureña.

“La ciencia política aporta pocas palabas nuevas a nuestro vocabulario, pero sin duda alguna lobby es el término de moda. No por estar en boca de todos, sin embargo, ha conocido mayor suerte: todavía hoy, después de haber dado el salto desde los parlamentos a la calle, la palabra lobby parece tener resonancias oscuras y remitirnos a la zona en sombra del poder.”

(…)

“Así, las grandes empresas con suficiente capacidad económica, hacen esa presión con sus propios departamentos de asesoría jurídica y comunicación. También, con frecuencia, empresas de un mismo sector constituyen un lobby unitario en defensa de sus intereses comunes, de igual modo que otras empresas encargan servicios de lobby a intermediarios, sean firmas de relaciones institucionales, consultorías políticas o despachos de abogados.”

(…)

“Ciertamente, en España ha habido intentos de regular esta actividad de influencia en la legislación ya desde antiguo: en 1990, 1993 y 2008 se registraron en el Congreso proposiciones en este sentido, a cargo de diputados de corte ideológico muy distinto, a saber, de CDS, PP e IU, siendo este último grupo el que actualmente más insiste en la necesidad de regulación. Hoy son los propios lobbistas profesionales los que buscan un marco regulatorio que normalice su actividad e imponga mayor transparencia.

Según Daniel Ureña, directivo de MAS Consulting y asesor político con experiencia internacional, “ha de haber unas reglas del juego, para que la opinión pública no mire con sospecha esta actividad y así los lobbies dejen de ser los ‘malos de la película’.”

Sede de la UE en Bruselas

La Unión Europea continúa avanzando hacia la normalización de las actividades de lobbying, o asuntos públicos, en sus instituciones. La Comisión Europea asume que esta práctica es legítima y deseable en el engranaje democrático de una sociedad. Para ello, esta institución ha promovido un Registro de Grupos de Interés y un Código de Conducta al que se adhieren todos aquellos grupos y entidades dedicadas a la representación de intereses.

EPACA, la Asociación Europea de Consultoras de Asuntos Públicos, ha aportado mucho en la elaboración y difusión de este Registro de la Comisión que busca la transparencia y la normalización de una actividad, la del lobbying, que es diaria en Bruselas. Es un paso hacia delante que empieza a encontrar respuesta en las instituciones británicas y alemanas, donde se ha abierto un interesante debate que esperemos que acabe llegando a España.

El pasado jueves, MAS Consulting España asistió como miembro a la asamblea general de EPACA en Bruselas. La visión de una asociación que engloba a 600 profesionales de más de 30 compañías de todo el continente se pudo contrastar con la de miembros de la Comisión Europea, parlamentarios de Los Verdes o representantes del Defensor del Pueblo Europeo.

A pesar de las lógicas diferencias de opinión en este grupo tan heterogéneo, la nota común de este encuentro es que la transparencia es necesaria para generar confianza de los ciudadanos hacia la actividad de asuntos públicos. Pero, ¿quién se dedica al lobbying además de los miembros que estamos en EPACA? Ahí es donde comienza la controversia.

La Comisión Europea considera que son todos aquellos que realizan actividades “con el objetivo de influir en los procesos de elaboración de políticas y de toma de decisiones de las instituciones europeas”. La Comisión considera que bajo esta definición pueden y deberían adherirse al Registro de Grupos de Interés organizaciones como los despachos de abogados y los think-tanks, entre otros. El abanico se podría ampliar aún más. Todo depende a quién se le pregunte, porque son muchos los actores que influyen en la toma de decisiones políticas.

En nuestra firma nos hemos adherido a este Registro y formamos parte de EPACA porque creemos que ayuda a clarificar una actividad que es necesaria para un mejor funcionamiento de las instituciones ante sus grupos de interés. Y creemos que colaborará a que cunda el ejemplo en España.

Debemos asumir que en el Congreso de los Diputados y en el Senado español existe el lobbying. Los países mediterráneos deben dejar de demonizar una actividad democrática y necesaria que en Bruselas se vive con total normalidad. Desde MAS Consulting creemos que ha llegado la hora de ordenar esta actividad y darle una visibilidad que contribuya a la normalización para que todo tipo de empresas, instituciones y organizaciones se puedan beneficiar de ella. Si se hace con transparencia será un beneficio para toda la sociedad.

Hemos hablado a menudo de la meta común europea de dotar al lobbying de una transparencia que ayude a recuperar el prestigio para la actividad. En Argentina recuerdan que la defensa de los intereses corporativos es una labor que cotidianamente ejercen numerosos colectivos.

El autor del artículo cita al abogado y autor de libros sobre las instituciones argentinas, Guillermo Molinelli, cuando decía “el lobbying es obtener lo que uno quiere sin pagar coimas (sobornos), es la alternativa a la corrupción; el medio es persuadir, convencer, presionar, negociar, pero sin coimear”.

Lea el artículo completo aquí: ‘El lobby debe ser el arte de persuadir sin corromper’