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En busca de la transparencia institucional y política

Los dos principales grupos políticos en España se han puesto de acuerdo para impulsar la Ley de Transparencia, Acceso a la Información y Buen Gobierno. Mientras que Rubalcaba afirma que la propuesta será remitida al Parlamento en pocas semanas y el Partido Popular pide que se haga “de la forma más urgente posible“, Expansión ha publicado un artículo sobre esta demanda social. Para ello ha entrevistado a Santos Ortega, Director de Asuntos Públicos de MAS Consulting España (compañía que forma parte del Registro de Transparencia de la UE), quien ha afirmado que ya se están haciendo avances en materia de transparencia en nuestro país, aunque todavía “queda mucho camino por andar”. Además, opina que las nuevas tecnologías pueden ser un elemento clave para impulsar esta práctica.

A continuación puedes ver el artículo completo:

En busca de la transparencia institucional y política

M.G. Mayo

Es una de las principales demandas del movimiento 15M. Y una de las pocas que ha recibido respuesta política. La transparencia institucional está en pleno proceso de cambio.

Lo cierto es que la ley de Transparencia hasta ahora ha sido como un proyecto fantasma, que aparecía en los programas electorales de los principales partidos pero que no se materializaba a lo largo de las legislaturas. Conocer la lista de espera de un hospital o lo que gana según qué cargo público, es casi imposible.

Hace unos días, el candidato del PSOE a la presidencia, Alfredo Pérez Rubalcaba, que la propuesta sería remitida al Parlamento en pocas semanas, tras que el pleno del Congreso reclamara que se presentara antes de agosto.

Los expertos, al igual que los ‘indignados’, critican la falta de regulación en este ámbito. “En España se están haciendo avances en materia de transparencia, si bien queda mucho camino por andar. La confianza es un factor fundamental para que se desarrolle la transparencia en las instituciones y España sigue siendo un país desconfiado, incluida la desconfianza entre las personas”, indica Santos Ortega, director de Asuntos Públicos de MAS Consulting España.

Manuel Villoria, catedrático de Ciencia Política de la Universidad Rey juan Carlos de Madrid es más tajante: “Necesitamos una Ley de Acceso a la Información que regule el derecho constitucional del acceso a la información existente en la Administración. Los ciudadanos ahora tenemos múltiples impedimentos para acceder a datos públicos, sobre todo cuando los datos que solicitamos no son de procedimientos finalizados o de procedimientos abiertos que nos afecten directamente”.

Como ejemplo, hablan de los países escandinavos. Villoria, en concreto, señala que en Suecia esta tradición en pro de la transparencia institucional y política empieza en el siglo XVIII. “Dan información sobre posibles decisiones futuras, ponen los anteproyectos de ley en internet para información y sugerencias públicas”, explica.

Ortega, por su parte, cree que el tirón en el uso de las nuevas tecnologías en España también puede ser clave a la hora de impulsar la transparencia. También apunta al movimiento ciudadano como un detonante. “El Congreso de los Diputados ha aprobado por unanimidad estudiar algunas de las propuestas que recogen estos movimientos, aunque desde otros ámbitos ya se demandaban”, indica. Y va más allá: “El lobbying indirecto, también conocido como grassroots lobbying, aquel que va dirigido a movilizar a la opinión pública es tan importante como el contacto institucional directo y es algo que el entorno empresarial español debe tener más en cuenta, además de contar con los profesionales adecuados para llevarlo a cabo”.

Europa pisa el acelerador

En el ámbito europeo la transparencia también está acelerando su paso. En concreto, la Comisión y el Parlamento han lanzado la creación de un registro conjunto para grupos de interés. A través de él, los ciudadanos tendrán acceso a las personas y organizaciones que están en contacto con los organismos comunitarios. “El registro es voluntario y ya hay más de 4.000 organizaciones registradas”, indica Ortega, cuya consultora forma parte del registro.

Además, se está creando un código de conducta de los eurodiputados. Villoria, no obstante, es un poco escéptico en este campo: “Servirá solo para los convencido, salvo que se establezca un sistema de control de su cumplimiento y sanciones ejemplares en caso de transgresión”. En el caso de los registros, también se muestra crítico: “Son un instrumento que no sirven para nada si no se regula el proceso de control del contenido de las declaraciones”.

6 Comments

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